Tras siete meses, acreedores de Nova Austral aprueban reorganización y se quedarán con la propiedad de la salmonera

Esta semana se cumplirían siete meses desde que Nova Austral ingresó su solicitud de reorganización judicial. La salmonera, que es la principal empleadora en Tierra del Fuego, reportaba deudas por unos US$ 560 millones.

Lo que vino después es catalogado como "una teleserie" por los distintos actores que participaron del proceso. Una disputa entre los dos grandes acreedores, los bonistas -grupo que incluye a un fondo británico que compró los bonos de Moneda Asset Management y el family office de los Solari Donaggio- y el banco noruego DNB, que llegó a escalar hasta tribunales europeos, protagonizó las tratativas.

Así, la junta de acreedores se iba posponiendo constantemente hasta que, este miércoles, en el plazo límite, salió humo blanco. Según confirman dos asistentes a la reunión, la última propuesta de reorganización fue aprobada con más de un 92% los votos.

El acuerdo implicará modificaciones en la propiedad de la empresa: según distintas opciones a las que podrán optar, serán los distintos tipo de acreedores quienes se queden con la compañía.

Así, el fondo noruego Altor -cuyo representante, Tom Christian Jovik, actualmente enfrenta querellas penales por parte de Moneda y los Solari- saldrá de la propiedad de la salmonera.

La noticia rápidamente repercutió en la ciudad de Porvenir, que venía enfrentando una crisis social debido a la situación de la salmonera, al punto que fue el propio Presidente Gabriel Boric a reunirse con los trabajadores de la compañía. Sindicatos y el alcalde ya se preparan para analizar el acuerdo y sus implicancias para la empresa, que lleva meses operando con una delicada situación financiera.

En una declaración, Nova Austral calificó esto como "un paso más para el proyecto que busca darle viabilidad a esta empresa, una tarea en desarrollo que esperamos se consolide a futuro".

La empresa todavía tiene sus operaciones disminuidas por dos concesiones que fueron revocadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), sanciones que ha apelado a la Corte Suprema y que fueron dictadas por sobreproducciones realizadas en la administración anterior. Además, se le han cuestionado algunas operaciones tributarias, también efectuadas por la antigua gerencia, que la compañía está tramitando en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

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